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Aviso de privacidad de protección de datos personales en posesión de los particulares

bioMérieux Chile SA

Para bioMérieux Chile es muy importante el respeto y la preservación de la confianza de nuestros clientes, colegas y vendedores. Su información personal siempre será tratada de manera confidencial y de acuerdo con las leyes, las directivas, los reglamentos y los principios aplicables a la protección de datos personales.

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y a los requisitos que dicha legislación establece, Biomerieux Chile SA., da a conocer el presente documento:

 Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha 
dado su aprobación al siguiente

     P r o y e c t o  d e  l e y:

     PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL 



 

                  Título Preliminar

               Disposiciones generales


 

     Artículo 1º.- El tratamiento de los datos de 
carácter personal en registros o bancos de datos por 
organismos públicos o por particulares se sujetará a las 
disposiciones de esta ley, con excepción del que se 
efectúe en ejercicio de las libertades de emitir opinión 
y de informar, el que se regulará por la ley a que se 
refiere el artículo 19, N° 12, de la Constitución 
Política.
     Toda persona puede efectuar el tratamiento de datos 
personales, siempre que lo haga de manera concordante 
con esta ley y para finalidades permitidas por el 
ordenamiento jurídico. En todo caso deberá respetar el 
pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los 
titulares de los datos y de las facultades que esta ley 
les reconoce.



 

     Artículo 2°.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:
     a) Almacenamiento de datos, la conservación o custodia de datos en un registro o banco de datos.
     b) Bloqueo de datos, la suspensión temporal de cualquier operación de tratamiento de los datos almacenados.
     c) Comunicación o transmisión de datos, dar a conocer de cualquier forma los datos de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas.
     d) Dato caduco, el que ha perdido actualidad por disposición de la ley, por el cumplimiento de la condición o la expiración del plazo señalado para su vigencia o, si no hubiese norma expresa, por el cambio de los hechos o circunstancias que consigna.
     e) Dato estadístico, el dato que, en su origen, o como consecuencia de su tratamiento, no puede ser asociado a un titular identificado o identificable.
     f) Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables.
     g) Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.
     h) Eliminación o cancelación de datos, la destrucción de datos almacenados en registros o bancos de datos, cualquiera fuere el procedimiento empleado para ello.
     i) Fuentes accesibles al público, los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes.
     j) Modificación de datos, todo cambio en el contenido de los datos almacenados en registros o bancos de datos.
     k) Organismos públicos, las autoridades, órganos del Estado y organismos, descritos y regulados por la Constitución Política de la República, y los comprendidos en el inciso segundo del artículo 1º de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
     l) Procedimiento de disociación de datos, todo tratamiento de datos personales de manera que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona determinada o determinable.
     m) Registro o banco de datos, el conjunto organizado de datos de carácter personal, sea automatizado o no y cualquiera sea la forma o modalidad de su creación u organización, que permita relacionar los datos entre sí, así como realizar todo tipo de tratamiento de datos.
     n) Responsable del registro o banco de datos, la persona natural o jurídica privada, o el respectivo organismo público, a quien compete las decisiones relacionadas con el tratamiento de los datos de carácter personal.
     ñ) Titular de los datos, la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal.
     o) Tratamiento de datos, cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal, o utilizarlos en cualquier otra forma.


 

     Artículo 3°.- En toda recolección de datos personales que se realice a través de encuestas, estudios de mercado o sondeos de opinión pública u otros instrumentos semejantes, sin perjuicio de los demás derechos y obligaciones que esta ley regula, se deberá informar a las personas del carácter obligatorio o facultativo de las respuestas y el propósito para el cual se está solicitando la información. La comunicación de sus resultados debe omitir las señas que puedan permitir la identificación de las personas consultadas.
     El titular puede oponerse a la utilización de sus datos personales con fines de publicidad, investigación de mercado o encuestas de opinión.


 

                        Título I

         De la utilización de datos personales


 

     Artículo 4°.- El tratamiento de los datos 
personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras 
disposiciones legales lo autoricen o el titular 
consienta expresamente en ello.
     La persona que autoriza debe ser debidamente 
informada respecto del propósito del almacenamiento de 
sus datos personales y su posible comunicación al 
público.
     La autorización debe constar por escrito.
     La autorización puede ser revocada, aunque sin 
efecto retroactivo, lo que también deberá hacerse por 
escrito.
     No requiere autorización el tratamiento de datos 
personales que provengan o que se recolecten de fuentes 
accesibles al público, cuando sean de carácter 
económico, financiero, bancario o comercial, se 
contengan en listados relativos a una categoría de 
personas que se limiten a indicar antecedentes tales 
como la pertenencia del individuo a ese grupo, su 
profesión o actividad, sus títulos educativos, dirección 
o fecha de nacimiento, o sean necesarios para 
comunicaciones comerciales de respuesta directa o 
comercialización o venta directa de bienes o servicios.
     Tampoco requerirá de esta autorización el 
tratamiento de datos personales que realicen personas 
jurídicas privadas para el uso exclusivo suyo, de sus 
asociados y de las entidades a que están afiliadas, con 
fines estadísticos, de tarificación u otros de beneficio 
general de aquéllos.


 

     Artículo 5º.- El responsable del registro o banco de datos personales podrá establecer un procedimiento automatizado de transmisión, siempre que se cautelen los derechos de los titulares y la transmisión guarde relación con las tareas y finalidades de los organismos participantes.
     Frente a un requerimiento de datos personales mediante una red electrónica, deberá dejarse constancia de:
     a) La individualización del requirente;
     b) El motivo y el propósito del requerimiento, y 
     c) El tipo de datos que se transmiten.
     La admisibilidad del requerimiento será evaluada por el responsable del banco de datos que lo recibe, pero la responsabilidad por dicha petición será de quien la haga.
     El receptor sólo puede utilizar los datos personales para los fines que motivaron la transmisión.
     No se aplicará este artículo cuando se trate de datos personales accesibles al público en general.
     Esta disposición tampoco es aplicable cuando se transmiten datos personales a organizaciones internacionales en cumplimiento de lo dispuesto en los tratados y convenios vigentes.


 

     Artículo 6°.- Los datos personales deberán ser eliminados o cancelados cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando hayan caducado.
     Han de ser modificados cuando sean erróneos, inexactos, equívocos o incompletos.
     Se bloquearán los datos personales cuya exactitud no pueda ser establecida o cuya vigencia sea dudosa y respecto de los cuales no corresponda la cancelación.
     El responsable del banco de datos personales procederá a la eliminación, modificación o bloqueo de los datos, en su caso, sin necesidad de requerimiento del titular.


 

     Artículo 7°.- Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo.


 

     Artículo 8°.- En el caso de que el tratamiento de datos personales se efectúe por mandato, se aplicarán las reglas generales.
     El mandato deberá ser otorgado por escrito, dejando especial constancia de las condiciones de la utilización de los datos.
     El mandatario deberá respetar esas estipulaciones en el cumplimiento de su encargo.


 

     Artículo 9°.- Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público.
     En todo caso, la información debe ser exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular de los datos.
     Prohíbese la realización de todo tipo de predicciones o evaluaciones de riesgo comercial que no estén basadas únicamente en información objetiva relativa a las morosidades o protestos de las personas naturales o jurídicas de las cuales se informa. La infracción a esta prohibición obligará a la eliminación inmediata de dicha información por parte del responsable de la base de datos y dará lugar a la indemnización de perjuicios que corresponda.

 


 

     Artículo 10.- No pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares.


 

     Artículo 11.- El responsable de los registros o bases donde se almacenen datos personales con posterioridad a su recolección deberá cuidar de ellos con la debida diligencia, haciéndose responsable de los daños.


 

                          Título  II

          De los derechos de los titulares de datos


 

     Artículo 12.- Toda persona tiene derecho a exigir a 
quien sea responsable de un banco, que se dedique en 
forma pública o privada al tratamiento de datos 
personales, información sobre los datos relativos a su 
persona, su procedencia y destinatario, el propósito del 
almacenamiento y la individualización de las personas u 
organismos a los cuales sus datos son transmitidos 
regularmente.
     En caso de que los datos personales sean erróneos, 
inexactos, equívocos o incompletos, y así se acredite, 
tendrá derecho a que se modifiquen.
     Sin perjuicio de las excepciones legales, podrá, 
además, exigir que se eliminen, en caso de que su 
almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando 
estuvieren caducos.
     Igual exigencia de eliminación, o la de bloqueo de 
los datos, en su caso, podrá hacer cuando haya 
proporcionado voluntariamente sus datos personales o 
ellos se usen para comunicaciones comerciales y no desee 
continuar figurando en el registro respectivo, sea de 
modo definitivo o temporal.
     En el caso de los incisos anteriores, la 
información, modificación o eliminación de los datos 
serán absolutamente gratuitas, debiendo proporcionarse, 
además, a solicitud del titular, copia del registro 
alterado en la parte pertinente. Si se efectuasen nuevas 
modificaciones o eliminaciones de datos, el titular 
podrá, asimismo, obtener sin costo copia del registro 
actualizado, siempre que haya transcurrido a lo menos 
seis meses desde la precedente oportunidad en que hizo 
uso de este derecho. El derecho a obtener copia gratuita 
sólo podrá ejercerse personalmente.
     Si los datos personales cancelados o modificados 
hubieren sido comunicados previamente a personas 
determinadas o determinables, el responsable del banco 
de datos deberá avisarles a la brevedad posible la 
operación efectuada. Si no fuese posible determinar las 
personas a quienes se les hayan comunicado, pondrá un 
aviso que pueda ser de general conocimiento para quienes 
usen la información del banco de datos.


 

     Artículo 13.- El derecho de las personas a la información, modificación, cancelación o bloqueo de sus datos personales no puede ser limitado por medio de ningún acto o convención.


 

     Artículo 14.- Si los datos personales están en un banco de datos al cual tienen acceso diversos organismos, el titular puede requerir información a cualquiera de ellos.


 

     Artículo 15.- No obstante lo dispuesto en este Título, no podrá solicitarse información, modificación, cancelación o bloqueo de datos personales cuando ello impida o entorpezca el debido cumplimiento de las funciones fiscalizadoras del organismo público requerido, o afecte la reserva o secreto establecidos en disposiciones legales o reglamentarias, la seguridad de la Nación o el interés nacional.
     Tampoco podrá pedirse la modificación, cancelación o bloqueo de datos personales almacenados por mandato legal, fuera de los casos contemplados en la ley respectiva.


 

     Artículo 16.- Si el responsable del registro o 
banco de datos no se pronunciare sobre la solicitud del 
requirente dentro de dos días hábiles, o la denegare por 
una causa distinta de la seguridad de la Nación o el 
interés nacional, el titular de los datos tendrá derecho 
a recurrir al juez de letras en lo civil del domicilio 
del responsable, que se encuentre de turno según las 
reglas correspondientes, solicitando amparo a los 
derechos consagrados en el artículo precedente.
     El procedimiento se sujetará a las reglas 
siguientes:
     a) La reclamación señalará claramente la infracción 
cometida y los hechos que la configuran, y deberá 
acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, 
en su caso.
     b) El tribunal dispondrá que la reclamación sea 
notificada por cédula, dejada en el domicilio del 
responsable del banco de datos correspondiente. En igual 
forma se notificará la sentencia que se dicte.
     c) El responsable del banco de datos deberá 
presentar sus descargos dentro de quinto día hábil y 
adjuntar los medios de prueba que acrediten los hechos 
en que los funda. De no disponer de ellos, expresará 
esta circunstancia y el tribunal fijará una audiencia, 
para dentro de quinto día hábil, a fin de recibir la 
prueba ofrecida y no acompañada.
     d) La sentencia definitiva se dictará dentro de 
tercero día de vencido el plazo a que se refiere la 
letra anterior, sea que se hayan o no presentado 
descargos. Si el tribunal decretó una audiencia de 
prueba, este plazo correrá una vez vencido el plazo 
fijado para ésta.
     e) Todas las resoluciones, con excepción de la 
indicada en la letra f) de este inciso, se dictarán en 
única instancia y se notificarán por el estado diario.
     f) La sentencia definitiva será apelable en ambos 
efectos. El recurso deberá interponerse en el término 
fatal de cinco días, contado desde la notificación de 
la parte que lo entabla, deberá contener los fundamentos 
de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones 
concretas que se formulan.
     g) Deducida la apelación, el tribunal elevará de 
inmediato los autos a la Corte de Apelaciones 
respectiva. Recibidos los autos en la Secretaría de la 
Corte, el Presidente ordenará dar cuenta preferente del 
recurso, sin esperar la comparecencia de ninguna de las 
partes.
     h) El fallo que se pronuncie sobre la apelación no 
será susceptible de los recursos de casación.
     En caso de que la causal invocada para denegar la 
solicitud del requirente fuere la seguridad de la Nación 
o el interés nacional, la reclamación deberá deducirse 
ante la Corte Suprema, la que solicitará informe de la 
autoridad de que se trate por la vía que considere más 
rápida, fijándole plazo al efecto, transcurrido el cual 
resolverá en cuenta la controversia. De recibirse 
prueba, se consignará en un cuaderno separado y 
reservado, que conservará ese carácter aun después de 
afinada la causa si por sentencia ejecutoriada se 
denegare la solicitud del requirente.
     La sala de la Corte Suprema que conozca la 
reclamación conforme al inciso anterior, o la sala de 
la Corte de Apelaciones que conozca la apelación, 
tratándose del procedimiento establecido en los incisos 
primero y segundo, si lo estima conveniente o se le 
solicita con fundamento plausible, podrá ordenar traer 
los autos en relación para oír a los abogados de las 
partes, caso en el cual la causa se agregará 
extraordinariamente a la tabla respectiva de la misma 
sala. En las reclamaciones por las causales señaladas 
en el inciso precedente, el Presidente del Tribunal 
dispondrá que la audiencia no sea pública.
     En caso de acogerse la reclamación, la misma 
sentencia fijará un plazo prudencial para dar 
cumplimiento a lo resuelto y podrá aplicar una multa de 
una a diez unidades tributarias mensuales, o de diez a 
cincuenta unidades tributarias mensuales si se tratare 
de una infracción a lo dispuesto en los artículos 17 
y 18.
     La falta de entrega oportuna de la información o 
el retardo en efectuar la modificación, en la forma 
que decrete el Tribunal, serán castigados con multa 
de dos a cincuenta unidades tributarias mensuales y, 
si el responsable del banco de datos requerido fuere 
un organismo público, el tribunal podrá sancionar al 
jefe del Servicio con la suspensión de su cargo, por 
un lapso de cinco a quince días.




 

LEY 19812
Art. 1º Nº 1
D.O. 13.06.2002


 

                       Título  III

     De la utilización de datos personales relativos a
obligaciones de carácter económico, financiero, bancario
                       o comercial


 

     Artículo 17.- Los responsables de los registros 
o bancos de datos personales sólo podrán comunicar 
información que verse sobre obligaciones de carácter 
económico, financiero, bancario o comercial, cuando 
éstas consten en letras de cambio y pagarés protestados; 
cheques protestados por falta de fondos, por haber sido 
girados contra cuenta corriente cerrada o por otra 
causa; como asimismo el incumplimiento de obligaciones 
derivadas de mutuos hipotecarios y de préstamos o 
créditos de bancos, sociedades financieras, 
administradoras de mutuos hipotecarios, cooperativas 
de ahorros y créditos, organismos públicos y empresas 
del Estado sometidas a la legislación común, y de 
sociedades administradoras de créditos otorgados para 
compras en casas comerciales. Se exceptúa la información 
relacionada con los créditos concedidos por el 
Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario a sus 
usuarios, y la información relacionada con obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial en cuanto hayan sido repactadas, renegociadas o novadas, o éstas se encuentren con alguna modalidad pendiente.
     También podrán comunicarse aquellas otras 
obligaciones de dinero que determine el Presidente de 
la República mediante decreto supremo, las que deberán 
estar sustentadas en instrumentos de pago o de crédito 
válidamente emitidos, en los cuales conste el 
consentimiento expreso del deudor u obligado al pago y 
su fecha de vencimiento. No podrá comunicarse la 
información relacionada con las deudas contraídas con 
empresas públicas o privadas que proporcionen servicios 
de electricidad, agua, teléfono y gas; tampoco podrán comunicarse las deudas contraídas con concesionarios de autopistas por el uso de su infraestructura.
     Las entidades responsables que administren bancos de datos personales no podrán publicar o comunicar la información referida en el presente artículo, en especial los protestos y morosidades contenidas en él, cuando éstas se hayan originado durante el período de cesantía que afecte al deudor.
     Para estos efectos, la Administradora de Fondos de Cesantía comunicará los datos de sus beneficiarios al Boletín de Informaciones Comerciales sólo mientras subsistan sus beneficios para los efectos de que éste bloquee la información concerniente a tales personas.
     Sin embargo, las personas que no estén incorporadas al seguro de cesantía deberán acreditar dicha condición ante el Boletín de Informaciones Comerciales, acompañando el finiquito extendido en forma legal o, si existiese controversia, con el acta de comparecencia ante la Inspección del Trabajo, para los efectos de impetrar este derecho por tres meses renovable hasta por una vez. Para que opere dicha renovación se deberá adjuntar una declaración jurada del deudor en la que manifieste que mantiene su condición de cesante.
     El bloqueo de datos será sin costo para el deudor.
     No procederá el bloqueo de datos respecto de quienes consignen anotaciones en el sistema de información comercial durante el año anterior a la fecha de término de su relación laboral.
     Las entidades responsables de la administración de bancos de datos personales no podrán señalar bajo ninguna circunstancia, signo o caracterización que la persona se encuentra beneficiada por esta ley.







 

LEY 19812
Art. 1º Nº 2
D.O. 13.06.2002
LEY 19812
Art. 1º Nº 3
D.O. 13.06.2002
NOTA:
     Los artículos 1º, 2º y 3º transitorios de la 
LEY 19812, publicada el 13.06.2002, establecen en 
relación con el presente artículo, lo siguiente: 
"Artículo 1° transitorio.- Los responsables de los 
registros o bancos de datos personales que traten 
información señalada en el artículo 17 de la ley N° 
19.628 no podrán comunicarla cuando se refiera a 
obligaciones que, a la fecha de publicación de esta ley, 
hayan sido pagadas o se hayan extinguido por otro modo 
legal. 
Asimismo, no podrán comunicar los datos relativos a 
esas obligaciones que se hayan hecho exigibles antes del 
1º de mayo de 2002 y se encuentren impagas, siempre que 
el total de obligaciones impagas del titular que 
comunique el registro o banco de datos a la fecha de 
publicación de esta ley sea inferior a $2.000.000 por 
concepto de capital, excluyendo intereses, reajustes y 
cualquier otro rubro. 
En el caso de los incisos anteriores, tampoco podrá 
proporcionarse información al titular de los datos, ni 
comunicarse el hecho de que éste haya sido beneficiado 
con esas disposiciones. 
Artículo 2º transitorio.- Los responsables de los 
registros o bancos de datos personales que comuniquen 
información sobre las obligaciones a que se refiere el 
artículo 17 de la ley Nº 19.628 eliminarán todos los 
datos relacionados con créditos concedidos por el 
Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario a sus 
usuarios. 
Artículo 3º transitorio.-  Los deudores del Banco 
del Estado de Chile que al 30 de septiembre de 1999 
obtuvieron créditos en el marco del programa de créditos 
para establecimiento por cuenta propia de chilenos 
retornados y que hayan optado, dentro del plazo 
establecido, a los beneficios que les otorga la ley Nº 
19.740, una vez aclarada la morosidad y previa 
solicitud, serán borrados definitivamente del o los 
registros históricos que existan sobre los documentos 
señalados en el artículo 17.". 


 

     Artículo 18.- En ningún caso pueden comunicarse 
los datos a que se refiere el artículo anterior, que 
se relacionen con una persona identificada o 
identificable, luego de transcurridos cinco años desde 
que la respectiva obligación se hizo exigible.
     Tampoco se podrá continuar comunicando los datos 
relativos a dicha obligación después de haber sido 
pagada o haberse extinguido por otro modo legal.
     Con todo, se comunicará a los tribunales de 
Justicia la información que requieran con motivo de 
juicios pendientes.

 

LEY 19812
Art. 1º Nº 4
D.O. 13.06.2002


 

     Artículo 19.- El pago o la extinción de estas obligaciones por cualquier otro modo no produce la caducidad o la pérdida de fundamento legal de los datos respectivos para los efectos del artículo 12, mientras estén pendientes los plazos que establece el artículo precedente.
     Al efectuarse el pago o extinguirse la obligación por otro modo en que intervenga directamente el acreedor, éste avisará tal hecho, a más tardar dentro de los siguientes siete días hábiles, al responsable del registro o banco de datos accesible al público que en su oportunidad comunicó el protesto o la morosidad, a fin de que consigne el nuevo dato que corresponda, previo pago de la tarifa si fuere procedente, con cargo al deudor. El deudor podrá optar por requerir directamente la modificación al banco de datos y liberar del cumplimiento de esa obligación al acreedor que le entregue constancia suficiente del pago; decisiones que deberá expresar por escrito.
     Quienes efectúen el tratamiento de datos personales provenientes o recolectados de la aludida fuente accesible al público deberán modificar los datos en el mismo sentido tan pronto aquélla comunique el pago o la extinción de la obligación, o dentro de los tres días siguientes. Si no les fuera posible, bloquearán los datos del respectivo titular hasta que esté actualizada la información.
     La infracción de cualquiera de estas obligaciones se conocerá y sancionará de acuerdo a lo previsto en el artículo 16.


 

                       Título IV

  Del tratamiento de datos por los organismos públicos


 

     Artículo 20.- El tratamiento de datos personales 
por parte de un organismo público sólo podrá efectuarse 
respecto de las materias de su competencia y con 
sujeción a las reglas precedentes. En esas condiciones, 
no necesitará el consentimiento del titular.


 

     Artículo 21.- Los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena.
     Exceptúase los casos en que esa información les sea solicitada por los tribunales de Justicia u otros organismos públicos dentro del ámbito de su competencia, quienes deberán guardar respecto de ella la debida reserva o secreto y, en todo caso, les será aplicable lo dispuesto en los artículos 5º, 7°, 11 y 18.


 

     Artículo 22.- El Servicio de Registro Civil e Identificación llevará un registro de los bancos de datos personales a cargo de organismos públicos.
     Este registro tendrá carácter público y en él constará, respecto de cada uno de esos bancos de datos, el fundamento jurídico de su existencia, su finalidad, tipos de datos almacenados y descripción del universo de personas que comprende, todo lo cual será definido en un reglamento.
     El organismo público responsable del banco de datos proporcionará esos antecedentes al Servicio de Registro Civil e Identificación cuando se inicien las actividades del banco, y comunicará cualquier cambio de los elementos indicados en el inciso anterior dentro de los quince días desde que se produzca.


 

                          Título V

   De la responsabilidad por las infracciones a esta ley


 

     Artículo 23.- La persona natural o jurídica privada 
o el organismo público responsable del banco de datos 
personales deberá indemnizar el daño patrimonial y moral 
que causare por el tratamiento indebido de los datos, 
sin perjuicio de proceder a eliminar, modificar o 
bloquear los datos de acuerdo a lo requerido por el 
titular o, en su caso, lo ordenado por el tribunal.
     La acción consiguiente podrá interponerse 
conjuntamente con la reclamación destinada a establecer 
la infracción, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 173 del Código de Procedimiento Civil. En todo 
caso, las infracciones no contempladas en los artículos 
16 y 19, incluida la indemnización de los perjuicios, se 
sujetarán al procedimiento sumario. El juez tomará todas 
las providencias que estime convenientes para hacer 
efectiva la protección de los derechos que esta ley 
establece. La prueba se apreciará en conciencia por el 
juez.
     El monto de la indemnización será establecido 
prudencialmente por el juez, considerando las 
circunstancias del caso y la gravedad de los hechos.


 

                       Título Final


 

     Artículo 24.- Agrégase los siguientes incisos 
segundo y tercero, nuevos, al artículo 127 del Código 
Sanitario:
     ''Las recetas médicas y análisis o exámenes de 
laboratorios clínicos y servicios relacionados con la 
salud son reservados. Sólo podrá revelarse su contenido 
o darse copia de ellos con el consentimiento expreso del 
paciente, otorgado por escrito. Quien divulgare su 
contenido indebidamente, o infringiere las disposiciones 
del inciso siguiente, será castigado en la forma y con 
las sanciones establecidas en el Libro Décimo.
     Lo dispuesto en este artículo no obsta para que las 
farmacias puedan dar a conocer, para fines estadísticos, 
las ventas de productos farmacéuticos de cualquier 
naturaleza, incluyendo la denominación y cantidad de 
ellos. En ningún caso la información que proporcionen 
las farmacias consignará el nombre de los pacientes 
destinatarios de las recetas, ni el de los médicos que 
las expidieron, ni datos que sirvan para 
identificarlos.''.


 

                Disposiciones transitorias


 

     Artículo 1°.- Las disposiciones de esta ley, con 
excepción del artículo 22, entrarán en vigencia dentro 
del plazo de sesenta días, contados desde la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial.
     Los actuales registros o bancos de datos personales 
de organismos públicos se ajustarán a las disposiciones 
de este cuerpo legal, a contar de su entrada en 
vigencia.
     Lo dispuesto en el artículo 22 comenzará a regir un 
año después de la publicación de esta ley. Sin perjuicio 
de lo anterior, los organismos públicos que tuvieren a 
su cargo bancos de datos personales deberán remitir los 
antecedentes a que se refiere dicho precepto con 
anterioridad, dentro del plazo que fije el reglamento.


 

     Artículo 2°.- Los titulares de los datos personales registrados en bancos de datos creados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley tendrán los derechos que ésta les confiere.


 

     Artículo 3°.- Las normas que regulan el Boletín de Informaciones Comerciales creado por el decreto supremo de Hacienda N° 950, de 1928, seguirán aplicándose en todo lo que no sean contrarias a las disposiciones de esta ley.''.


 

     Habiéndose cumplido con lo establecido en el N° 1º del artículo 82 de la Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
     Santiago, 18 de agosto de 1999.- EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República.- José Miguel Insulza Salinas, Ministro Secretario General de la Presidencia.- María Soledad Alvear Valenzuela, Ministra de Justicia.- Germán Quintana Peña, Ministro de Planificación y Cooperación.
     Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Carlos Carmona Santander, Subsecretario General de la Presidencia de la República.


 

                 Tribunal Constitucional

     Proyecto de ley sobre protección de datos de 
carácter personal

     El Secretario del Tribunal Constitucional, quien 
suscribe, certifica que el Honorable Senado envió el 
proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el 
Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera 
el control de la constitucionalidad de su artículo 16; y 
que por sentencia de 4 de agosto de 1999, declaró:

     1. Que los preceptos contenidos en el artículo 16, 
del proyecto sometido a control, son constitucionales en 
el entendido que deben interpretarse en conformidad con 
lo que se ha señalado en el considerando 7º de esta 
sentencia.
    2. Que las disposiciones contempladas en el artículo 
19 del proyecto sometido a control, son constitucionales.

     Santiago, agosto 6 de 1999.- Rafael Larraín Cruz, 
Secretario.


 

 

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